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Las claves de la reforma tributaria que llega al Congreso
22/2021/07 08:44 AM
 Source: El Tiempo
El eje de reactivación económica del proyecto de reforma tributaria (Ley de Inversión Social) que el Gobierno radicó este martes ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia para su discusión, ratifica los anuncios que el Ejecutivo venía haciendo sobre seis temas fundamentales para que el país logre superar la actual coyuntura de pandemia.

 La primera sección de esa iniciativa está enfocada en las medidas que le permitirán al Gobierno obtener los recursos para seguir afrontando esta coyuntura y que incluyen algunos ajustes en materia tributaria para este fin. La segunda establece algunos mecanismos de lucha contra la evasión, mientras una tercera está enfocada en unas reglas de juego en materia de austeridad y eficiencia en el gasto público.

 

Un cuarto segmento del proyecto está dedicado al fortalecimiento del gasto social y la reactivación económica; el quinto, a consolidar los lineamientos que le permitan una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas y el último bloque del articulado del proyecto, al fortalecimiento del Presupuesto General de la Nación del 2021 en unos 10 billones de pesos para atender las necesidades de recursos que se tienen en la actualidad.

 

Así las cosas, entre las estrategias para generar recursos, la reforma apela a la solidaridad del tejido empresarial para aumentar los ingresos, financiar el gasto social y promover la sostenibilidad de las finanzas públicas. Del total de 15.2 billones de pesos, los empresarios aportarán el 69 por ciento del recaudo, mientras que el 31 por ciento vendrá de un nuevo apretón del gasto público y de la lucha contra la evasión.

 

Control de la evasión

 

En concreto, el proyecto establece dos medidas permanentes y una transitoria específica para las empresas. Las dos primeras surgen del desmonte de los beneficios de la pasada reforma tributaria de 2019 y se revisarían pasados 5 años.

La tributaria contempla que a partir del año gravable 2022 la tarifa general para las personas jurídicas será del 35 por ciento, medida que no representaría un detrimento para estos contribuyentes, pues la estructura tributaria sería más competitiva que en el 2018.

Por otro lado, se desmonta la ampliación del descuento tributario por pago de ICA del 50 por ciento al 100 por ciento en el impuesto de renta.

Esta propuesta generaría un recaudo de 3.9 billones de pesos y busca tener un equilibrio más eficiente entre los impuestos territoriales y nacionales.

Para fortalecer los ingresos tributarios y apoyar los programas sociales, se propone una sobretasa a las entidades financieras que tengan una renta líquida gravable superior a 120,000 UVT. Esta generaría 392,000 millones de pesos.

Esta será de tres puntos porcentuales e irá hasta 2025. Así, el sector presentaría una tarifa total de 38 por ciento.

 

Uno de los principales mecanismos que utilizará el Gobierno para incrementar el recaudo será disminuir la evasión tributaria.

En total, el Gobierno espera recaudar en la reforma tributaria que acaba de radicar en el Congreso unos 2.7 billones a través de la lucha contra la evasión.

La reforma incluye en el segundo capítulo un conjunto de medidas para impulsar la gestión de control de la Dian mediante mecanismos adicionales que le permitirán a la entidad ser más eficiente en el control de la evasión.

En ese sentido, el Registro Único Tributario (RUT) y la factura electrónica serán claves. Además, se crearán incentivos, medidas coercitivas y mayores facultades de la administración tributaria para poder inscribir a las personas en el RUT y encontrar a los evasores.

Se creará, además, un concepto unificado de beneficiario final, el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) y el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica, y se buscará eliminar la práctica del subregistro o subvaloración en la venta de inmuebles y que los notarios sean sancionados en caso de no enviar, o hacerlo de manera errónea o extemporáneamente, la información relacionada con el valor comercial de los bienes.

 

Beneficios sociales

En cuanto a los beneficios sociales y ayudas a la población más golpeada por la pandemia, estas son algunas novedades en cada uno de los programas de ayudas para la recuperación de las actividades productivas.

El Ingreso Solidario irá hasta December de 2022 en las mismas condiciones de monto y tributarias que hoy rigen. Se plantea la opción de habilitar giros extraordinarios y que, a partir de July de 2022, el monto del giro deberá considerar el número de personas de cada hogar y el grupo de clasificación del Sisbén IV.

Para los hogares vulnerables, el monto de la transferencia no podrá ser más alto que el que se les da los hogares unipersonales en condición de pobreza. Se amplía de forma temporal el Paef, desde July hasta December de 2021, aplicará a los beneficiarios potenciales que para March de 2021 tuvieran máximo 50 empleados. Pero si a la hora de postularse la empresa beneficiaria tiene más de este número de trabajadores, no perderá la ayuda, sino que esta cubrirá a los primeros 50 empleados.
 

Empleo y educación

El proyecto de ley establece un incentivo para la creación de nuevos empleos, con énfasis en puestos de trabajo para jóvenes, y prevé las siguientes condiciones:

1. Para jóvenes de entre 18 y 28 años. El empleador recibirá el 25 por ciento de un salario mínimo mensual por cada trabajador adicional.

2. Trabajadores adicionales. Por cada nuevo trabajador que no sea joven y que gane hasta tres salarios mínimos mensuales, el empleador recibirá un aporte estatal del 10 por ciento de un salario mínimo legal. Este incentivo estará vigente desde la promulgación de la ley hasta August del 2023.

De otro lado, el proyecto contempla que, de forma permanente, el Gobierno destine cada año, a los jóvenes de las familias más vulnerables, los recursos para cubrir el valor de las matrículas de pregrado en universidades e instituciones de educación superior públicas, a través del programa Generación E y otros esquemas de acceso a la educación superior.


Si el Icetex u otra entidad ha constituido fondos con este instituto para programas de acceso a educación superior, deberá dar estímulos y programas de alivio a esta misma población.

En la iniciativa también se incluyó que para lo que resta de 2021 el Gobierno y las entidades territoriales podrán establecer mecanismos de cofinanciación para cubrir el déficit de los sistemas de transporte masivo, originado en las medidas de restricción del flujo de viajeros a raíz del covid-19. El Gobierno aportará la mitad del saldo en rojo.

Asimismo, se prolonga hasta el 2023 la posibilidad de que las entidades financieras públicas contraten créditos de tesorería con entidades financieras privadas para aliviar eventuales faltantes de sus gastos de funcionamiento, y les permite a los entes territoriales emitir deuda pública entre 2021 y 2023.

 

Otros puntos del proyecto de ley

Normalización

Para el 2022 se creará el impuesto a la normalización tributaria como complementario al de renta. La tarifa de este será de 17 por ciento, dos puntos porcentuales más de la que se aplicó para la vigencia de 2020. Será un impuesto transitorio.

Más recursos para 2021

El proyecto contempla que este mismo año aumenten los gastos del presupuesto nacional en 10.5 billones de pesos. Esta disposición permitirá cumplir con decisiones ya tomadas por el Gobierno, como la matrícula cero en las universidades públicas.

Superávit para el 2025

La iniciativa apunta a que se logre un superávit primario estructural en 2025, y a mantener como límite de la deuda pública el 55 % del PIB, hasta un máximo de
71 %. Que los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal tengan honorarios y un equipo técnico.

Austeridad del gasto

Durante 10 años contados a partir de la aprobación de la ley, el crecimiento anual de la adquisición de bienes y servicios de las entidades y organismos incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) no podrá superar la meta de inflación esperada para cada año.

Menos transferencias

El proyecto incluye un artículo que faculta al Gobierno para que le proponga al Congreso una baja de mínimo 5 %, durante cinco años, de las transferencias incorporadas en el Presupuesto de la Nación, excluyendo aquellas que tienen rango constitucional.

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